La Cámara de Diputados aprobó una ley que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia
EL INFORMADOR. – En una sesión especial desarrollada este martes, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modifica el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), estableciendo limitaciones a las facultades del Poder Ejecutivo. La iniciativa, que obtuvo 140 votos a favor y 80 en contra, fue impulsada por los bloques opositores y ahora deberá volver al Senado para su revisión.
El texto establece que el Congreso dispondrá de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU. En caso de que no se emita resolución dentro de ese plazo, los decretos quedarán automáticamente sin efecto. Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU mantengan su vigencia, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.
De convertirse en ley, esta reforma representaría una restricción significativa a las herramientas del presidente Javier Milei, quien se encuentra en situación de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda legislativa.
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La sesión también incluyó la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin asignación presupuestaria. Los bloques opositores más críticos advirtieron que, si Francos no presenta una reasignación de partidas para implementar la ley, impulsarán una moción de censura, mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional que habilita la remoción del jefe de ministros por razones políticas.
La agenda contempló además un emplazamiento a la comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite al debate sobre el Plan de Ingresos y Gastos 2026, con el objetivo de evitar que el Gobierno prorrogue por tercer año consecutivo el Presupuesto sancionado en 2023.
En paralelo, la oposición intentó avanzar con interpelaciones a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos funcionarios habían sido citados por la Comisión de Salud pero no asistieron a las convocatorias.
Finalmente, se debatió la modificación del mecanismo de reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, una medida que podría beneficiar a las provincias y servir como herramienta de presión para asegurar futuros quórums legislativos.
