Procuración del Tesoro desvinculó a más de 60 empleados tras presunta filtración de datos sensibles
En medio de una “profunda reestructuración”, la Procuración del Tesoro de la Nación despidió a más de 60 empleados tras detectar una presunta filtración de información confidencial vinculada al litigio judicial contra la petrolera YPF. El Gobierno nacional denunció que datos clave habrían sido vendidos al fondo Burford Capital, principal acreedor en el conflicto.
Santiago Castro Videla, titular del organismo, anunció la disolución de áreas técnicas, la reducción de seis a cuatro Direcciones Nacionales y el cierre de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que será reemplazada por un centro con menos de un tercio del personal original.
Según un comunicado oficial, las medidas buscan “eficientizar el funcionamiento operativo” y “reducir el gasto público”, en línea con la Ley de Bases. Desde febrero, el organismo ya había disminuido su planta en más del 20%.
Cambios clave:
- Reducción de unidades jerárquicas y eliminación de funciones superpuestas.
- Recorte en viajes oficiales y comitivas.
- Reasignación de competencias estratégicas para priorizar casos críticos, como el de YPF.
El Gobierno no precisó qué información se filtró, pero aseguró que “comprometía intereses del Estado”. La investigación por la venta de datos sigue en curso.
