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Documentación judicial revela 36 vuelos de Espert en aviones vinculados a Machado y una transferencia de 200 mil dólares

Registros oficiales y documentación internacional incorporados a una causa judicial detallan que el diputado nacional José Luis Espert, candidato a la reelección por La Libertad Avanza, realizó 36 viajes en aeronaves vinculadas al empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y con pedido de extradición de Estados Unidos por una investigación vinculada al narcotráfico. De esos traslados, cinco se habrían realizado en compañía directa de Machado.

La información forma parte de la causa en la que el legislador se encuentra imputado, desde 2021, por la posible “comisión de los delitos de encubrimiento, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación ilícita”.

Según los registros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el primer vuelo conjunto entre Espert y Machado tuvo lugar el 15 de abril de 2019, con ruta Catamarca-San Fernando. Esta fecha difiere de la declaración judicial del diputado, quien había señalado que el primer viaje fue el 18 de abril. Ese día, según los registros, se realizaron vuelos adicionales a Santa Fe, y en días posteriores se documentaron traslados a Viedma, Bahía Blanca y regresos a San Fernando.

Entre los acompañantes frecuentes en estos vuelos figuraron miembros de su equipo de campaña, como Nazareno Etchepare, Iván Sherman, Silvia Rodríguez y Gabriela Valle. Testimonios en la causa indican que Espert también utilizó estas aeronaves para viajes a su ciudad natal, Pergamino, y para otros traslados que no estaban directamente ligados a actividades proselitistas.

Frente a los hechos, la defensa de Espert argumenta que todos los vuelos tuvieron fines electorales y que el diputado desconocía el vínculo de las aeronaves con Machado, atribuyendo la logística de los traslados al partido Unite, a cargo de José Bonacci. Sin embargo, Bonacci negó conocer a Machado o haber intervenido en la contratación, afirmando que solicitó en reiteradas oportunidades la documentación de los vuelos a Espert para incluirla en la contabilidad legal de la campaña, pedido que no fue cumplimentado.

Por otro lado, Clara Montero Barré, quien se desempeñó como jefa de prensa de la campaña de Espert, afirmó en declaraciones radiales que Machado era un “operador y armador de la candidatura”. “Se reunió muchas veces con él. Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba y no se vieron una sola vez, como dice Espert. Fueron varios encuentros. Yo misma presencié al menos dos reuniones entre ellos, y después Espert viajó a Estados Unidos para verlo allá”, aseguró.

La transferencia de 200.000 dólares

La investigación también incluye una transferencia bancaria de 200.000 dólares a favor de Espert, originada en empresas vinculadas a Machado. La operación, procesada por el Bank of America a través de Wright Brothers Aircraft Title Inc., transitó por plataformas de banca digital e instituciones financieras internacionales antes de acreditarse en la cuenta del diputado.

Espert reconoció el ingreso de fondos y explicó que correspondían a servicios de asesoramiento económico prestados a la firma guatemalteca “Minas del Pueblo SA”, vinculada a Machado, aclarando que se trató de una transacción privada sin relación con su campaña o función pública.

No obstante, documentación judicial de Estados Unidos identifica a “Minas del Pueblo SA” como parte de la estructura societaria de Machado, quien tiene intereses en aeronaves y minería en Centroamérica. En Guatemala, esta empresa fue sancionada por el gobierno local por irregularidades en la extracción de minerales. En Estados Unidos, la causa que involucra a Machado y sus socios ya ha derivado en condenas por narcotráfico, lavado de activos y fraude.

Con estos elementos, la justicia argentina avanza en determinar si los vuelos y la transferencia constituyen indicios de los delitos por los que Espert está imputado. El cuadro probatorio se compone de registros de la PSA, testimonios de pilotos y colaboradores, y la documentación internacional. La defensa del diputado insiste en la legalidad de los fondos recibidos, enmarcados en su actividad privada, y en el carácter electoral y personal de los viajes.

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