El Gobierno nacional presentó un borrador de Ley de Libertad Educativa que busca reemplazar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006. La iniciativa, que abarca los niveles inicial, primario y secundario, introduce cambios profundos en el sistema educativo argentino.
El proyecto habilita la educación en el hogar (home schooling), junto con modalidades híbridas y a distancia, permitiendo que los estudiantes acrediten aprendizajes “mediante exámenes periódicos”. También autoriza a las provincias a ofrecer “enseñanza religiosa confesional” en escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar.
Entre los principios rectores, el texto coloca en primer lugar la “libertad educativa”, seguida del “rol preferente de la familia” y la “subsidiariedad del Estado”. Define a la familia como “el agente natural y primario de la educación de los hijos” y menciona 27 veces la palabra “libertad” en sus 136 artículos.
Autonomía y cambios curriculares
La iniciativa otorga mayor autonomía a las escuelas, permitiéndoles elaborar planes de estudios “propios” además de los “contenidos mínimos comunes”. Establece mínimos de horas de clase inferiores a los actuales: 540 para nivel inicial y 720 para primaria y secundaria.
El artículo 37 reconoce la “autonomía institucional y pedagógica”, incluyendo la facultad de definir políticas de admisión, permanencia y disciplina. Además, declara la “esencialidad” de la educación básica, obligando a garantizar la continuidad del servicio ante medidas de fuerza.
Evaluaciones y financiamiento
El proyecto mantiene las evaluaciones nacionales anuales y censales, pero habilita la publicación de resultados por escuela, actualmente prohibida. Incorpora mediciones del desempeño de docentes y directivos, con evaluaciones periódicas cada cuatro años.
En materia financiera, elimina la meta del 6% del PBI para educación y establece un rol “subsidiario” del Estado, garantizando igualdad en el acceso al financiamiento público para instituciones estatales y privadas. Prevé asignaciones mediante “becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes”.
Para los docentes, se mantiene la formación inicial de cuatro años pero se vincula la estabilidad laboral al desempeño satisfactorio y la formación continua, con evaluaciones centradas en competencias pedagógicas y resultados de aprendizaje.
