El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles la privatización de AySA mediante el Decreto 494/2025, publicado en el Boletín Oficial, que autoriza la venta del 90% de las acciones de la empresa de agua y saneamiento. La medida habilita por primera vez cortes por falta de pago y marca la salida definitiva del Estado como accionista mayoritario.
Claves del plan de privatización:
- Primera etapa: Licitación nacional e internacional para vender al menos 51% de las acciones a un operador privado.
- Segunda etapa: Oferta del 39% restante en mercados financieros locales, sin participación de empleados.
- Sin consulta pública: No habrá mecanismos de consulta ciudadana ni programas de propiedad para trabajadores.
Argumentos del Gobierno:
- “Gestión deficitaria”: AySA recibió u$s13.400 millones en subsidios estatales (2006-2023) sin mejorar su productividad.
- Falta de inversión: La red requiere modernización urgente, con costos que exceden la capacidad estatal.
- Continuidad garantizada: Economía promete evitar interrupciones durante la transición.
Preocupaciones:
- Cortes por mora: La nueva normativa permite suspender el servicio por falta de pago.
- Impacto tarifario: No se especifican mecanismos regulatorios para controlar futuros aumentos.
- Ausencia de safeguards: No hay protecciones explícitas para usuarios vulnerables.
