La reciente reglamentación impulsada por el gobierno de Javier Milei generó fuertes críticas por el impacto negativo en los derechos laborales. La reforma introduce fondos de cese que reemplazan las tradicionales indemnizaciones por despido establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sin garantizar pisos mínimos para los trabajadores.
El nuevo esquema dependerá exclusivamente de los convenios colectivos de trabajo (CCT), que podrán establecer:
- Montos menores, pagos en cuotas o cancelaciones individuales.
- Fondos individuales o colectivos, mediante cuentas bancarias, fideicomisos o fondos comunes de inversión (FCI).
- Seguros de despido, sin respaldo estatal.
Además, se permite que los trabajadores aporten a su propio fondo, medida cuestionada por especialistas y gremios por vulnerar derechos constitucionales. La falta de garantías frente a la inflación o malas gestiones suma preocupación.
Aunque el gobierno sostiene que esta reforma busca alivianar cargas para las empresas, los sindicatos advierten que se trata de una medida que precariza aún más el trabajo, debilita la protección frente al despido arbitrario y favorece condiciones regresivas en sectores con baja representación gremial.
La resolución 1066/25 de la CNV, que reglamenta estos fondos, sería solo el primer paso de una reforma laboral más profunda que podría avanzar tras las elecciones de octubre.
