El Jefe de la Policía les brindará un calefón y aire acondicionado, entre otros elementos solicitados, a los 4 agentes detenidos. La muerte de Leandro Bravo ocurrió en 2022 y este año podría realizarse el juicio para determinar qué pasó ese día.
El 26 de febrero de 2022, Leandro Bravo falleció en Charata después de ser detenido por uniformados bajo la acusación, según la versión inicial oficial de la Policía del Chaco, de haber ingresado a robar a la casa de una vecina. Según el relato proporcionado por la fuerza, Bravo sufrió una descompensación en las instalaciones de Medicina Legal y posteriormente falleció.
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Sin embargo, la versión oficial rápidamente fue desmentida por una de las testigos del hecho que dijo: “Fueron 3 policías los que le pegaron mucho a Leo”. La mujer que denunció el robo también desmintió la versión oficial y discrepó con la misma respecto al procedimiento policial. Todo esto desató la intervención del Órgano de Control Institucional.
El caso vuelve a cobrar relevancia por el giro institucional que representó en las últimas horas la visita y respaldo del Jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, a los 4 policías detenidos. Hasta el momento la cúpula de la institución se había mantenido al margen y desde la Secretaría de Derechos de la gestión anterior se habían constituido en querellantes en la investigación.
Esta tarde, la máxima autoridad institucional se hizo presente en la Comisaría de Concepción del Bermejo con el fin de visitar y mantener una pequeña reunión con los cuatro empleados policiales detenidos en la causa en la que interviene la Fiscalía de DDHH.
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El objetivo principal de esta visita fue brindar apoyo y acompañamiento tanto al personal detenido como a sus familiares, quienes expresaron su deseo de que la causa no llegue a juicio “por falta de pruebas”. En caso de que el juicio se lleve a cabo, solicitaron enfáticamente que este se celebre en Sáenz Peña o Resistencia.
Romero se comprometió a realizar las gestiones necesarias para brindar apoyo psicológico, provisión de mercadería para la alimentación de los detenidos, así como la entrega e instalación de una ducha con calefón y un aire acondicionado en las instalaciones de la Comisaría. Estas medidas buscan mejorar las condiciones de detención de los empleados policiales y garantizar un trato digno.