En plena política de ajuste y recorte del gasto, el gobierno nacional designó a más de 80 concejales, excandidatos y familiares en cargos jerárquicos del PAMI en la provincia de Buenos Aires. Las designaciones, que responden a lealtades políticas vinculadas a La Libertad Avanza y al PRO, se concentran en agencias y centros de atención en los 135 municipios bonaerenses.
Los nombramientos incluyen a hermanos, esposas, hijos, ex candidatos a intendente, concejales en funciones y hasta personas sin experiencia en el área, como un técnico en control de plagas y una repostera. Estas designaciones contradicen el discurso oficial de austeridad, luego de que en febrero de 2024 se anunciara la reducción de cargos gerenciales como parte del “mayor ajuste de la historia”.
El principal responsable detrás de esta red de designaciones es Sebastián Pareja, armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y subsecretario de Integración Socio-Urbana. Pareja, con pasado en el menemismo y el monzoísmo, mantiene una relación directa con Karina Milei y es quien reparte cargos clave en el organismo.
Entre los casos más resonantes se encuentran los de concejales en funciones que no tomaron licencia y familiares directos de dirigentes libertarios. También se detectaron nombramientos de referentes del PRO ligados a Patricia Bullrich, en un contexto de fusión política entre ambas fuerzas.
La distribución de los nombramientos por sección electoral revela que la Primera y la Quinta Sección concentran la mayor cantidad (16 cada una), seguidas por la Segunda y la Tercera (12), la Cuarta y la Sexta (9), y la Séptima (8).
En medio de estas designaciones, el gobierno también redujo la cobertura de medicamentos gratuitos para jubilados, limitando el acceso a quienes superan ingresos de $390.000, tienen prepaga o poseen un auto con menos de 10 años de antigüedad.
Las denuncias internas y las declaraciones públicas, incluso de ex aliados, exponen una estructura de militancia rentada y reparto de poder que contradice los valores proclamados por el oficialismo. La gestión del PAMI, uno de los organismos con mayor peso político y social del país, se ha transformado en terreno de disputa y favores.
