El concurso de ingreso al Tribunal de Cuentas se encuentra al borde de la judicialización tras conocerse denuncias sobre irregularidades en el proceso de selección, que habría permitido la participación de personas que superaban el límite de edad establecido en la convocatoria.
Según pudo conocerse, se preparan presentaciones judiciales para solicitar la anulación del concurso, basadas en la presunta admisión de candidatos que no cumplían con los requisitos etarios establecidos. Los reclamos provendrían tanto de los postulantes que no superaron las etapas eliminatorias como de aquellos que, una vez conocido el orden de mérito final, quedarían en posiciones que les impedirían el ingreso al organismo a corto o mediano plazo.
La situación generó malestar entre los ciudadanos que observan el acceso al empleo estatal, reavivando críticas sobre posibles preferencias hacia familiares o allegados de quienes ocupan cargos directivos.
Paralelamente, se conoció que una de las personas cuestionadas por haber rendido el examen superando la edad tope ya fue nombrada como personal de planta permanente del Tribunal de Cuentas mediante designación directa. La profesional, de formación contable, que actualmente se desempeña con un contrato de gabinete, pasaría a integrar el plantel permanente en la categoría inicial de ordenanza, pero mantendría el salario superior que percibía como contratada, según lo dispuesto por los vocales del organismo.
Esta decisión ha generado indignación adicional, al combinarse la presunta irregularidad en la admisión al concurso con una designación directa que incluye un beneficio salarial excepcional.
Los vocales del Tribunal de Cuentas mantienen silencio ante las acusaciones, en un contexto donde el organismo responsable de velar por la transparencia en el manejo de lo público enfrenta cuestionamientos sobre sus propias prácticas de contratación.
