El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la decisión de impedir el uso de celulares en las cárceles de todo el país, medida que impacta de lleno en el sistema penitenciario del Chaco. Los teléfonos que ya fueron decomisados no serán restituidos a las personas privadas de la libertad.
El nuevo marco legal establece que los internos no podrán utilizar dispositivos móviles ni conectarse a redes sociales, en una resolución que busca frenar delitos organizados desde las cárceles y reforzar el control de los institutos penales.
En Chaco, la medida fue recibida con conformidad por parte de las autoridades penitenciarias, que ya venían trabajando en esta dirección. En 2023, el sistema carcelario provincial decomisó un total de 1.414 celulares en requisas realizadas en distintas unidades penitenciarias, según cifras oficiales. El número representa un promedio de casi cuatro dispositivos incautados por día.
Desde el Ministerio de Seguridad nacional aclararon que los celulares incautados durante las requisas no podrán ser devueltos a los presos, y que tampoco se permitirá su uso en adelante, salvo en contextos muy específicos y bajo estricta supervisión judicial.
Los dispositivos decomisados quedarán en manos de las autoridades penitenciarias y serán puestos a disposición de la Justicia para su eventual análisis o destrucción.
El debate sobre el uso de celulares en cárceles tomó relevancia tras diversas investigaciones que confirmaron la organización de extorsiones, estafas telefónicas y amenazas desde el interior de los penales. Con esta nueva disposición, el gobierno busca cortar con esa operatoria y avanzar en una política de mayor seguridad carcelaria.
