Lorena Villaverde: de escándalo judicial a crisis en La Libertad Avanza por vínculos con narcotráfico
La diputada nacional Lorena Villaverde, candidata a senadora por Río Negro de La Libertad Avanza, se encuentra en el centro de una crisis política tras revelarse su vinculación con causas por narcotráfico, lavado de dinero y estafas en Estados Unidos y Argentina.
El diputado Facundo Manes presentó un proyecto para excluir a Villaverde de la Cámara Baja y exigió su renuncia a la candidatura al Senado, señalando que “la narcopolítica no puede avanzar en la Argentina”. La legisladora, presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles, niega todas las acusaciones y alega ser víctima de una campaña de desprestigio.
Los antecedentes de Villaverde se remontan a su estadía en Miami a fines de los años 90, donde fue detenida en 2001 por obstrucción a la Justicia y nuevamente en 2002 en un operativo antidrogas en Sarasota, Florida. Según registros policiales, participó en una “entrega controlada” de cocaína, entregando 17.000 dólares en efectivo para adquirir un kilo de droga.
Aunque su condena fue anulada por una irregularidad procesal, Villaverde quedó con entrada prohibida a Estados Unidos. Este antecedente fue ocultado durante su carrera política en Argentina.
Su historial incluye también denuncias por estafas millonarias tras su divorcio del empresario Carlos Marcelo Bauzas, quien declaró haber descubierto que convivía con “una prófuga de la justicia americana por tráfico y distribución de cocaína”. Villaverde habría vaciado cuentas de su empresa por 6,5 millones de dólares, destinados supuestamente a un negocio de préstamos usurarios.
La diputada mantuvo vínculos con Claudio “Lechu” Cicarelli, primo y presunto testaferro de Fred Machado, piloto argentino extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Empresas de Cicarelli aparecen en causas por lavado de dinero, incluyendo una aeronave hallada en Bolivia con más de 300 kilos de cocaína.
El caso generó fisuras dentro de La Libertad Avanza, donde algunos referentes consideran que la continuidad de Villaverde representa un costo político insostenible. En Río Negro, varias agrupaciones retiraron su aval tras la difusión de los documentos judiciales estadounidenses.
Villaverde mantiene su banca amparada por los fueros parlamentarios mientras enfrenta una creciente presión institucional para su destitución por “inhabilidad moral sobreviniente”.
