La jueza Moira Fullana hizo lugar a un amparo presentado por la CGT y ordenó la suspensión provisoria del DNU 340/2025, que imponía restricciones al ejercicio del derecho a huelga. El fallo consideró que el decreto violaba principios constitucionales y convenios internacionales laborales, al tiempo que cuestionó la falta de urgencia que justificara su emisión.
Claves del fallo:
- Fundamento judicial: El DNU no cumplía con los requisitos de excepcionalidad para evitar el trámite legislativo ordinario (el Congreso estaba en sesiones).
- Artículos suspendidos: Los que fijaban servicios mínimos obligatorios del 50% al 75% en actividades declaradas “esenciales” o “de importancia trascendental”.
- Postura sindical: El decreto era “restrictivo” y violaba el artículo 14 bis de la Constitución, además de tratados internacionales (OIT, PIDESC, CADH).
📌 ¿Qué sigue?: La medida es cautelar (no es una invalidación definitiva), pero marca un revés político para el Gobierno, que defendía el DNU como necesario para garantizar servicios críticos.
